La Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados acordó solicitar al Presidente de la República, la adopción de un plan de indemnización para vecinos y locatarios de las denominadas zona cero y hacer otorgar suma urgencia a la discusión del proyecto de ley sobre terrorismo urbano.
Así lo plantearon ante el hemiciclo los diputados UDI Juan Antonio Coloma, Jorge Alessandri; Sergio Bobadilla, Juan Fuenzalida; Javier Macaya, Cristhian Moreira; Iván Norambuena, Guillermo Ramírez y Osvaldo Urrutia, además del independiente Álvaro Carter, a través de la Resolución 1460.
La solicitud, aprobada por 67 votos a favor, 52 en contra y 11 abstenciones, señala que los vecinos de estas zonas se han visto afectados “profundamente por la violencia y delincuencia desatada en las calles”.
El plan de indemnización buscaría, de esta manera, resarcir los daños y perjuicios a los que se han visto expuestos hace ya más de un año, “debiendo soportar día tras día enfrentamientos con delincuentes, destrucción a sus hogares y negocios, y una afectación gravísima a su calidad de vida”.
Según cifras aportadas por los autores de la resolución, sólo en lo que respecta a Plaza Baquedano y sus alrededores, casi el 70% del comercio local hoy está cerrado y muchos locatarios lo han hecho de forma definitiva, situación que se replica en otros centros urbanos como Valparaíso.
A su vez, vecinos del sector relatan la angustia y desesperación que viven desde el llamado “estallido social”, y cómo las protestas y el vandalismo han afectado su vida diaria.
A su vez, los patrocinantes de la resolución piden urgencia en la discusión del proyecto que busca sancionar actos vandálicos concertados, de destrucción de propiedad pública y privada, que pone en riesgo la vida de las personas y cause un perjuicio económico, como terrorismo urbano (boletín 14080).
Pero, también, piden disponer las medidas necesarias para restablecer el Estado de Derecho, el orden público y la legalidad vigente en todos los centros urbanos del país que han sido arrasados por vándalos y han quedado en su gran mayoría en la más absoluta impunidad.
Finalmente, la resolución plantea al Primer Mandatario que tome conocimiento del desacuerdo con la intención de remover el monumento del General Baquedano y el Soldado Desconocido, puesto que, consideran, sería una victoria para los violentistas y una profunda derrota para la democracia.