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- Publicado hace 1239 dias
Aprueban informe que acusa ineficiencia del Estado en la búsqueda de menores extraviados
Legislativo
#1607 | 29 de Abril del 2021
El texto aprobado por la Cámara constata la falta de una base de datos unificada y mal gasto de horas-hombre de las policías por la duplicidad investigativa y de causas. Entre sus propuestas, se plantea avanzar en diversos proyectos de ley para subsanar los diversos frentes de la problemática, junto con la implementación de medidas administrativas.
Según datos del Ministerio Público, entre 2013 y 2018 se registraron más de mil 700 denuncias por presunta desgracia o sustracción de menores, las que comienzan a regir pasadas 48 horas de no hallarse el niño, niña o adolescente (NNA) involucrado.
Lo anterior, es parte del lamentable cuadro nacional que analizó la comisión investigadora sobre extravío y desaparición de menores (CEI 31) cuyo informe fue hoy aprobado por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados, por 123 votos a favor y uno en contra.
Entre sus principales conclusiones, el grupo parlamentario sostuvo que en nuestro país existe un alto nivel de ineficiencia y una creciente falta de efectividad en las dinámicas utilizadas por las instituciones involucradas en este tema, dado que se carece de una base de datos unificada; y existe duplicidad de información y mal gasto de horas-hombre de las policías por dicha situación.
“La información queda parcelada con la consiguiente pérdida de eficiencia. Si bien cada institución hace su mejor esfuerzo, el Estado por sí mismo no está siendo eficaz y eficiente”, se remarca en el texto.
El informe expresa que una vía para superar la situación descrita es avanzar en la dirección planteada por el proyecto que regula el proceso unificado de búsqueda de personas desaparecidas y crea un sistema interconectado para estos efectos (boletín 12392), que ya fue despachado por la Cámara en enero de este año.
Respecto de dicha iniciativa se esperan algunos perfeccionamientos en lo relativo a la situación de los menores tutelados por el estado; el efectivo acceso a la información que posee el Registro Civil; la instauración de medidas intrusivas veloces y oportunas para el mejor accionar de las policías, pasando por crear una brigada u oficina especializada en ese tema (hoy solo hay un perito autorizado en todo Chile para hacer este tipo de investigaciones); y el tratamiento de presuntas desgracias como una flagrancia.
Respecto del Servicio Médico Legal se observa que el Sistema de Índice Combinado de ADN (Codis) no considera en su registro la toma de muestras a los cuerpos del depósito que caducan su tiempo de estadía y son derivados a centros de investigación o fosas comunes o símiles. “Es importante que dicho sistema de datos esté disponible para saber quiénes están y quienes no”, se plantea.
Además, se critica que no hay ningún mecanismo legal que establezca un deber administrativo por parte del Servicio Médico Legal de avisar y oficiar a las policías hasta que el cuerpo sea efectivamente revinculado a su familia.
Sename y Poder Judicial
El informe, rendido ante la Sala por quien fuera la presidenta de la Comisión, la diputada Érika Olivera (IND), resalta el desbalance de cifras del Servicio Nacional de Menores (Sename) respecto de las del Poder Judicial y el Ministerio Público.
En todo caso, se alerta que un mismo menor puede ser objeto de más de una denuncia y se advierte que muchas de estas no fueron cerradas pese a haber sido encontrado el menor en cuestión, dado que el Sename no presentó el aviso respectivo. Estas situaciones explicarían en parte la cifra de los más de 53 mil casos de búsquedas vigentes que registra el Poder Judicial.
Además, se proponen diversas medidas relacionadas con el Sename, por ejemplo, para garantizar la protección de los menores que abandonan la institución y evitar negligencias en la materia; para avanzar en profesionalizar y modernizar el sistema de protección; promover las auditorías ciudadanas; fiscalizar el estado de cumplimiento del protocolo de infraestructura del Servicio; y evaluar una mayor participación de los municipios, entre otros puntos.
También se solicita un ministro en visita para analizar, cruzar datos y rastrear los niños tutelados del estado que están desaparecidos, de modo de tener certeza de qué pasó con aquellas denuncias que están abiertas y saber cuáles de esos NNA están aún con vida, averiguando las circunstancias actuales que enfrentan.
“Donde tenemos 53.723 búsquedas abiertas en el Poder Judicial, en ignorancia del Sename, debería haberse levantado alguna alarma al respecto de parte del mismo Poder Judicial”, se enfatiza.
Otras observaciones
El informe, de igual modo, sostiene que la legislación vigente no está preparada para el cambio criminógeno actual de las sustracciones de menores, ya que está enfocada solo en las de tipo parental, sin considerar directamente el abuso sexual como un agravante realmente significativo, pese a que las estadísticas señalan que solo un 7,2% de las denuncias por abuso sexual llegan a sentencia condenatoria.
Asimismo, se plantea aumentar las penas en diversos delitos que afectan la infancia y la indemnidad sexual de esta.
En materia de responsabilidades, se critica que el Ministerio de Desarrollo Social haya gastado 100 millones de pesos en un estudio sobre Alerta Temprana en los NNA que no consideró la explotación sexual infantil, así como otras variables relevantes para el caso.
También se refuta la efectividad y buen uso de tres mil millones de pesos para el proyecto Ascar (Aseguramiento de Calidad de Las Residencias); y se sostiene que el Poder Judicial disponía de mayor modernidad que el Sename para levantar alarmas sobre las abultadas cifras de menores con órdenes de búsqueda y ayudar a mejorar los problemas administrativos sobre los egresos.
En las intervenciones en la Sala se resaltó el amplio consenso alcanzado sobre el tema, así como la relevancia de avanzar en una mayor protección hacia los NNA bajo protección del Estado, ello atendiendo que gran parte de las órdenes de búsquedas corresponden a menores que han huido de las entidades que estaban a su cargo.
Además, se destacó la necesidad de abordar de mejor manera temas como el abuso infantil, la realidad de los niños en situación de calle, el tráfico de órganos, las redes de explotación infantil, junto con reformas que agilicen los procedimientos de búsqueda, adecuen los protocolos y las herramientas usadas y la coordinación entre las instituciones involucradas.
Participaron en este debate, además de la diputada Olvera, las legisladoras Marisela Santibáñez (PC) y Natalia Castillo (IND) y los parlamentarios Matías Walker (DC) y Pablo Kast (Evópoli).
