En febrero, el Ejecutivo chileno introdujo varias indicaciones a la reforma electoral que busca modificar las condiciones bajo las cuales los migrantes pueden participar en las elecciones nacionales. La propuesta, que está siendo discutida en el Senado, incluye una serie de medidas restrictivas, como la exigencia de residencia definitiva en Chile y la presentación de un certificado de antecedentes penales con una antigüedad máxima de 30 días. Además, se plantea limitar el voto de los migrantes exclusivamente a elecciones locales, excluyéndolos de las presidenciales y parlamentarias.
El académico Mario Herrera Muñoz, especialista en Ciencias Políticas de la Universidad de Talca, analizó esta reforma y explicó que la intención del Ejecutivo es reducir la participación de los migrantes en las decisiones de largo plazo que afectan al país. Según Herrera, los legisladores argumentan que los migrantes no tienen una posición permanente en Chile y, por lo tanto, no deberían influir en las decisiones nacionales.
Sin embargo, el analista señala que este tipo de medidas podría tener efectos negativos sobre la integración de los migrantes, ya que, según la experiencia global, los países que restringen el voto de los migrantes tienden a fomentar actitudes xenofóbicas y discursos de odio. "El riesgo de perder el derecho al voto, después de haberlo adquirido, es considerable", afirmó Herrera, quien también subrayó que las democracias más fuertes tienden a incorporar a más personas en los procesos democráticos.
Herrera también remarcó que los migrantes representan una parte significativa de la población chilena, con más de 1 millón de personas que viven en el país. En su opinión, limitar su participación política podría restarles relevancia en el desarrollo del país y frenar su integración. En cuanto a la confusión que se podría generar entre migrantes regulares y aquellos que se encuentran en situación irregular o que cometen delitos, el académico advirtió que la legislación no debe basarse únicamente en cálculos electorales, sino en un enfoque integral que valore la contribución de los migrantes regulares al país.
La reforma propuesta por el Ejecutivo está en pleno proceso de discusión y los legisladores deberán considerar estos puntos para garantizar que no se limite la participación de los migrantes de manera que favorezca la exclusión y división social en lugar de la integración.