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- Publicado hace 1341 dias
Aprueban en general proyecto sobre impuesto a grandes fortunas
Legislativo
#1520 | 22 de Abril del 2021
Con los fondos recaudados se pretende apoyar a quienes han sufrido las consecuencias económicas de la crisis sanitaria, a través de una renta básica de emergencia.
Procurar una alternativa de financiamiento para una renta básica de emergencia por la vía de establecer, de manera transitoria, una mayor carga impositiva a quienes son calificados como los más ricos de nuestro país, es el objetivo del proyecto (boletín 13.555) aprobado en general por la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados.
La reforma constitucional que establece, por única vez, un impuesto al patrimonio de determinadas personas naturales y aumento transitorio de la tasa del Impuesto de Primera Categoría para las mega empresas fue presentado a la Sala por medio del informe de la Comisión de Constitución, rendido por la diputada Camila Vallejo (PC), una de las impulsoras de la iniciativa.
Dicha instancia concordó un texto apoyado por mayoría de votos que establece que la recaudación de estos impuestos permitiría el financiamiento de transferencias monetarias de apoyo a los hogares, legisladas por el Congreso Nacional, con el fin de solventar sus gastos con ocasión de la emergencia sanitaria.
La norma señala que se gravará el patrimonio neto de aquellas personas naturales que, al 31 de diciembre de 2020, tengan domicilio o residencia en Chile y cuya valoración sea superior al equivalente, en pesos chilenos, de 22 millones de dólares americanos.
El proyecto establece la forma para efectuar la valoración del patrimonio neto, que se entenderá como la totalidad de los bienes, derechos, valores y/o beneficios que conforman su activo, ubicados en Chile o el exterior, deducidas las deudas u obligaciones fehacientemente acreditadas, contraídas para su adquisición y excluido el valor del inmueble que sirva de casa habitación.
En cuanto a la fecha de pago, se señala que el impuesto se devengará cuando sea publicada esta reforma constitucional y deberá ser declarado y pagado dentro de los 60 días corridos contados desde ese momento. Además, agrega que no será deducible, acreditable ni compensarse contra otros impuestos y establece sanciones a las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al correspondiente.
Impuesto mega empresas
Por otro lado, la propuesta incorpora un aumento transitorio, que llegará a un 30%, de la tasa del Impuesto de Primera Categoría para mega empresas, consideradas como tal aquellas cuyo promedio de ingresos brutos, percibidos o devengados del giro sea superior a 1.000.000 de UF, considerando los tres ejercicios anteriores a la fecha de publicación de esta reforma.
Para los contribuyentes a quienes se aplique este aumento transitorio se les aumentará proporcionalmente la tasa de pagos provisionales mensuales que, según la Ley sobre Impuesto a la Renta, les corresponde pagar en los ejercicios 2021 y 2022.
Además, el proyecto señala que, en este mismo periodo, se terminarán con beneficios tributarios establecidos en la Ley sobre impuesto a la Renta y la exención de impuestos que beneficia a los retiros de los Fondos de Inversión Privado.
Finalmente, la norma establece que se deberá rendir cuenta a la Cámara respecto del rendimiento, recaudación y administración de estos impuestos y el cumplimiento de su finalidad, exponiendo los planes de entrega y financiamiento a las familias beneficiadas. Dicha cuenta tendría un carácter público y estaría sujeta a la fiscalización de la Contraloría General de la República.
Discusión y votaciones
En un debate en el que participó casi la mitad de las y los diputados en ejercicio se manifestaron posiciones divergentes y contrapuestas sobre el fondo de la propuesta legal, así como respecto de la forma en que se buscó avanzar legislativamente.
En un extremo estuvieron legisladores de ChileVamos que refutaron con energía la iniciativa. Sostuvieron que era abiertamente inconstitucional y se planteó que, si se avanzaba en un cobro al patrimonio individual, también debía incluirse un impuesto a algunas organizaciones o partidos políticos de izquierda. Asimismo, se afirmó que se usaba el dolor y las expectativas de la gente para un desquite de quienes han ganado su patrimonio legítimamente.
Otras posturas remarcaron la importancia de no afectar la inversión en el país con propuestas legislativas como esta y observaron que esta medida recauda poco e incentiva la fuga de capitales. Además, se criticó que el articulado no define conceptos base como cuál es el patrimonio neto ni la forma en que este determinará.
En una posición intermedia dentro del oficialismo hubo quienes plantearon la aplicación de otra fórmula que no prosperó en la Comisión de Constitución y que fue renovada en las votaciones como alternativa. Este grupo de parlamentarios, asimismo, llamaron al Gobierno a hacerse parte de esta propuesta para salvar cualquier objeción de constitucionalidad.
La oposición estuvo en pleno por apoyar la reforma constitucional. Respecto de la forma, defendieron la vía usada para tramitar el texto, por medio de artículos transitorios a la Carta Fundamental, tal como ha sido con otros temas abordados por el Congreso Nacional, como es el retiro de fondos previsionales.
En cuanto al fondo, plantearon que es una medida de justicia social y tributaria en un país con marcada desigualdad social. En este plano, se remarcó que las familias más ricas de Chile vieron incrementar su patrimonio en un 73% durante la pandemia, mientras 2,3 millones de connacionales dejaron de estar calificados como clase media y pasaron a engrosar las cifras de los más pobres del país.
De igual modo, se criticó que los beneficios del Gobierno no han sido recibidos por todos y se refutó que no haya sido el propio Ejecutivo el que haya impulsado una medida como esta cuando hasta instituciones como el Fondo Monetario Internacional están recomendando establecer tasas impositivas especiales y transitorias como la acá planteada para financiar medidas de la emergencia sanitaria y económica.
Por último, entre otras expresiones, se pidió apoyar el texto con el fin de contribuir a la paz social del país, al tiempo que se llamó a los más ricos devolver la mano al país que les permitió generar su riqueza.
En el debate intervinieron Ignacio Urrutia (PREP), Iván Flores (DC), Marcelo Díaz (IND), Andrea Parra (PPD), Karol Cariola (PC), Pepe Auth (IND), Cristóbal Urruticoechea (RN), Gonzalo Winter (PCS), Marcos Ilabaca (PS), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Jaime Mulet (FRVS), Issa Kort (UDI), Leonardo Soto (PS), Giorgio Jackson (RD), Mario Venegas (DC), Ricardo Celis (PPD), Daniel Núñez (PC), Pedro Velásquez (IND), Gonzalo Fuenzalida (RN), Esteban Velásquez (FRVS), Marcela Hernando (PR), Jaime Naranjo (PS), Natalia Castillo (IND), Ximena Ossandón (RN), Claudia Mix (Comunes), Matías Walker (DC), Patricio Rosas (IND), Félix González (PEV), Vlado Mirosevic (PL), Guillermo Teillier (PC) y Diego Schalper (RN).
También expusieron Daniella Cicardini (PS), Miguel Crispi (RD), Gabriel Ascencio (DC), Tucapel Jiménez (PPD), Camila Vallejo (PC), Pablo Vidal (IND), Sebastián Torrealba (RN), Gael Yeomans (PCS), René Alinco (IND), Jorge Alessandri (UDI), Amaro Labra (PC), Andrés Longton (RN), Maya Fernández (PS), Tomás Hirsch (IND), Raúl Soto (IND), Rubén Moraga (PC), Miguel Mellado (RN), Raúl Leiva (PS), Cristina Girardi (PPD), Marisela Santibáñez (PC), Alejandro Santana (RN), Juan Luis Castro (PS), Camila Rojas (Comunes), Rodrigo González (PPD), Boris Barrera (PC), Eduardo Durán (RN), Luis Rocafull (PS), Diego Ibáñez (PCS), Camilo Morán (RN), Raúl Saldívar (PS), Gabriel Boric (PRS), Juan Santana (PS) y Maite Orsini (RD).
Al momento de las votaciones, la Sala respaldó la idea de legislar por 105 votos a favor, 18 en contra y 26 abstenciones. Sin embargo, por ser objeto de indicaciones, la propuesta volverá a la Comisión de Constitución para un segundo informe donde se aborde el detalle del articulado.
