La factibilidad de postergar el plazo de término de la Operación Renta 2021 fue uno de los temas debatidos hoy por la Comisión de Hacienda.
La instancia legal recibió a Fernando Barraza, director del Servicio de Impuestos Internos (SII); a Luis Barría, presidente del Colegio de Contadores; y a Juan Pizarro, de esa misma colectividad.
Desde el SII manifestaron que se trata de un proceso mayoritariamente de devolución y señalaron que la ampliación de plazos de las declaraciones generaría inconvenientes sobre las rectificaciones de declaraciones, la imposibilidad de convenios de pagos y la postergación de procesos de fiscalización.
“El Servicio no tiene las facultades para postergar la fecha de la declaración pero sí podemos y proponemos postergar hasta junio o incluso más el pago de la declaración”, especificó Barraza.
Agregó que se mantendría “la fecha de la declaración propiamente tal para efectos de no ver retrasadas las devoluciones”. “Sin perjuicio de eso, por la vía de condonar, incluso en un 100%, condonamos los intereses para todas aquellas declaraciones que se presenten dentro del plazo, pero que se acojan a esta modalidad de pago diferido que está establecido en la ley, no habría que hacer ninguna modificación”, puntualizó.
Juan Pizarro expuso que la postergación de la Operación Renta es una decisión sensata y con sentido de realidad, considerando las condiciones negativas en las que se está llevando a cabo el proceso.
“A la pandemia se suma la falta de herramientas confiables y eficientes que el servicio debiese proveer en un proceso que, en gran parte, es digitalizado y con un escenario de pérdidas en los negocios, que requieren liquidez inmediata y sin burocracia”, remarcó el titular del Colegio de Contadores.
Puntualmente, la solicitud estuvo dirigida a la devolución automática de PMM, anticipos de impuestos, postergación de impuestos, renta en 12 cuotas para las pymes y la eliminación de multas e intereses.
En este contexto, vale recordar que, durante la sesión de la Sala de este miércoles 21, los parlamentarios aprobaron la admisibilidad de un proyecto de ley de diputados y diputadas de la DC que prórroga la Operación Renta.
La moción, de acuerdo a lo informado en la instancia legislativa, se encuentra en tabla para la sesión del próximo martes 27 de abril, jornada en la que también se espera la presencia del director del SII.
No obstante lo anterior y luego del debate legislativo, la autoridad de este servicio amplió la propuesta con herramientas que están dentro de la facultad y con el ánimo de buscar una solución.
“Que se hagan las declaraciones en la fecha que corresponde, mantengamos la fecha de presentación de las declaraciones, demos flexibilidad para el pago. En ese sentido, mantenemos la propuesta de otorgar 100% de condonación a los intereses para todas aquellas declaraciones que no puedan ser pagadas junto con la presentación de la declaración y, además, propongo que, en aquellos casos en que eventualmente surjan diferencias producto de diferencias en la información, desde ya, ofrezco que condonemos las multas o intereses que surjan de las diferencias de impuestos”, planteó.
Desde el grupo legislativo solicitaron al director del SII extender un documento con lo propuesto, el que quedó comprometido para el viernes de esta semana y, luego de ello, determinar las acciones a seguir con el proyecto de ley que aborda esta materia.
En segundo lugar, la Comisión de Hacienda revisó el proyecto de ley que complementa las normas de la Ley 16.744, sobre accidentes del trabajo y establece la necesidad de protocolos de seguridad sanitaria laboral para el retorno gradual y seguro al trabajo, en el marco del estado de excepción constitucional provocado por la crisis sanitaria derivada del brote del virus Covid-19 en el país (boletines refundidos 13600 y 13743).
Para ese análisis estuvieron presentes representantes de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y de la Asociación de Mutuales.
Desde la CPC, por ejemplo, manifestaron su preocupación y esperan que no se desvirtué el sistema de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales estableciendo la “laboralidad” de una pandemia sanitaria que afecta a toda la humanidad.
Además, plantearon que no se cargue en las empresas exigencias imposibles de cumplir; y que no se solicite a los organismos administradores de la Ley 16.744 obligaciones que, al aumentar sus costos, las obligue a generar un espiral de aumento de costos para las empresas y las personas, entre otros puntos.