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- Publicado hace 1364 dias
INDH dio cuenta de avance en recomendaciones hechas tras estallido social
Legislativo
#1275 | 30 de Marzo del 2021
Rodrigo Bustos explicó ante la Comisión Investigadora sobre Actos del Gobierno (Carabineros e Investigaciones) en el marco del control del orden público en el estallido social, que los avances en distintas materias han sido solo parciales.
La Comisión Investigadora sobre los actos del gobierno, Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI) en el control del orden público durante el desarrollo de las manifestaciones en el marco del estallido social (CEI 44) recibió a Rodrigo Bustos, jefe de la Unidad de Protección de Derechos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
El profesional dio cuenta de una serie de cifras con respecto a las acciones que realizó el organismo para perseguir las violaciones a los derechos humanos que se dieron en ese periodo y que representarían las más graves acciones de vulneración contra los derechos humanos desde el retorno a la democracia en Chile.
“Varios de estos datos tienen sustento en una institución que estuvo muy presente y en terreno. Hicimos 318 observaciones de violaciones, cuando en un año normal se registran entre 25 y 35 a lo más. Además, hubo 1.504 visitas a unidades policiales y a más de mil centros de salud. En diciembre de 2019 presentamos un informe anual que se enfocó en la crisis social de ese año. En ese momento, además, hicimos 15 recomendaciones”, indicó Bustos.
El profesional agregó que, en ese entonces, se presentaron decenas de querellas, las cual llegaron a 670 en los primeros 10 días y que, posteriormente, llegaron a sumar más de 796. “Igualmente hicimos una serie de recomendaciones, cuyo estado de avance a enero del 2021 es parcial, por lo menos en cinco de ellas. Hubo varias recomendaciones en cuanto al uso de escopetas antidisturbios y se hicieron una serie de denuncias en cuanto a violencia sexual”, explicitó.
Avances parciales
En cuanto al seguimiento de las recomendaciones a enero del 2021, Bustos afirmó que el avance en la mayoría de los casos ha sido parcial y no se han hecho cambios sustantivos. Por ejemplo, señaló, el uso de la escopeta antidisturbios y principalmente en cuanto a la entrega de información con respecto al uso de agentes químicos por parte de Carabineros. “Se nos ha señalado que es información reservada y sigue existiendo mal uso y denuncias relativas a éstas”.
Otras de las recomendaciones con escaso avance es la celeridad de las investigaciones. “A enero se han presentado más de dos mil querellas y solo 42 habían sido formalizadas”. A ello se suma una serie de investigaciones no judicializadas razón por la cual aún el Poder Judicial no ha podido pronunciarse, apuntó.
Finalmente, en cuanto a otras recomendaciones que se hicieron y con muy poco avance, destaca la rehabilitación de las víctimas. “Ha sido muy bajo, ya que por un lado la política en esta materia se centra en lo físico, pero no aborda el apoyo social ni sicológico. Hay personas que perdieron la vista y vieron truncadas sus vidas por actos cometidos por agentes del Estado. Además, los programas de rehabilitación, mayoritariamente, se llevan a cabo en Santiago”, puntualizó el representante del INDH.
Ejecutar cambios
La diputada Carmen Hertz (PC) señaló que las cifras entregadas por el INDH son contundentes y señaló que es indispensable que se ejecuten cambios en la materia, considerando que se trata de “una herida abierta y que pueden llevar al aumento de violencia”.
En ese mismo sentido, el diputado Gabriel Asencio (DC) dijo que es preciso avanzar en estos temas junto con saber claramente lo que se ha hecho en cuanto a la violencia contra funcionarios del INDH. “Hemos realizado los oficios respectivos a Carabineros y otras acciones”, respondió Rodrigo Bustos.
A juicio de la diputada Emilia Nuyado (PS) es preciso tomar acciones ahora, ya que de lo contrario “estamos más cerca de la impunidad que de la justicia…esta es una situación compleja que debe cambiar”.
Finalmente, la presidenta de la instancia, Maya Fernández (PS), dijo sentirse impactada con las cifras. Junto a ello propuso oficiar a Carabineros y al Ministerio de Salud con respecto a la utilización y composición de agentes químicos por parte de la policía uniformada.
“Debemos saber qué compuestos tienen y los daños a la salud que pueden causar. Si nos dicen que es reservado, bueno hacemos una sesión secreta, pero debemos tener conocimiento de aquello, así como de las acciones que ha tomado el Ministerio de Salud en cuanto al tratamiento de las víctimas”.
La comisión aprobó el envío de estos oficios y definirá una lista de invitados para abordar la investigación encomendada.
