La Comisión de Educación aprobó, en general y en particular, el proyecto que modifica la Ley 21.094, sobre Universidades Estatales, a fin de prorrogar el plazo establecido para proponer al Presidente de la República la modificación de sus respectivos estatutos, a raíz de la pandemia por Covid-19 (boletín 13990).
La iniciativa establece que el plazo de modificación de estatutos será de cuatro años desde la entrada en vigencia del referido texto legal, desde el 05 de junio de 2022, permitiendo a cada una de las universidades estatales entregar una propuesta de adecuación de estatutos que sea el resultado de un efectivo proceso participativo y reflexivo y, así, lograr el cumplimiento efectivo del mandato legal.
De manera remota, el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, mostró su negativa al texto legal.
“Entendemos que la comunidades y las universidades, en términos generales, han podido abordar de buena manera este proceso y todas se encuentran en condiciones de hacer sus propuestas de modificaciones de estatutos en el tiempo que consigna la Ley 21.094 para estos efectos”, remarcó.
En tal plano, sostuvo que el aplazamiento no es requerido. “No queremos que se alargue un año más este proceso, creemos que ya es suficientemente importante que se puedan adecuar los estatutos para que sean coherentes con lo que establece la Ley de Universidades Estatales, por lo que no sería conveniente postergar esta fecha que establece la ley”, añadió.
El texto legal será dado a conocer a la Sala por la diputada informante Camila Rojas (Comunes).
En segundo lugar, la Comisión de Educación aprobó en particular los proyectos refundidos que modifican la Ley 20.370, General de Educación, en materia de exigibilidad de artículos de aseo o escritorio, útiles escolares de marcas comerciales determinadas y textos escolares distribuidos gratuitamente por el Estado (boletín 13787) y aquel que modifica igual norma para imponer a los establecimientos educacionales particulares la prohibición de exigir a sus alumnos la compra de textos escolares determinados y la obligación de aceptar el uso de aquellos validados por el Ministerio de Educación (boletín 13964).
El subsecretario de Educación, Jorge Poblete, planteó su rechazo a la iniciativa y detalló que, desde el Mineduc, se está generando una plataforma que permitirá entregar información disponible para padres y apoderados de todas las editoriales para que, a través de una vía fácil y expedita, padres y apoderados puedan acceder a esta información de manera directa.
“Como país se realiza un esfuerzo enorme dentro de la política de Estado, que contempla la gratuidad para entregar libros de calidad a todo el plan del establecimientos que reciben subvenciones del Estado”, precisó.
Explicó que, desde el año 2000, la unidad de currículum y evaluación se hace cargo de esta tarea a través del programa textos escolares y que se refleja en la Ley de Presupuestos.
Detalló que la realidad que se menciona en los proyectos cae solo en un 7% de la matrícula, ya que el 93 % restante, que son los alumnos que se encuentran en los establecimientos que reciben aportes del Estado, reciben los textos de manera gratuita.
Por último, dijo que consideran sano que este 7% de los diferentes proyectos educativos manifiesten como van a llevar a cabo sus proyectos a través de los texto escolares.
El proyecto será informado a la Sala por el diputado Sergio Bobadilla (UDI).