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- Publicado hace 1272 dias
Sala analizó hechos de violencia ocurridos en la zona cero
Legislativo
#2299 | 30 de Junio del 2021
En sesión especial, la Cámara de Diputadas y Diputados analizó los hechos acontecidos en el centro de Santiago, desde el estallido social a la fecha.
Sala analizó hechos de violencia ocurridos en la zona cero
Analizar y discutir los hechos de violencia y el vandalismo ocurridos durante las manifestaciones en Santiago Centro y en otros sectores de la región Metropolitana fue el objetivo de la sesión especial de la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados realizada esta tarde.
En el tiempo previo intervino el diputado Sebastián Torrealba (RN), quien señaló que esta sesión fue solicitada para exponer la situación de los vecinos y locatarios de barrios como San Borja, Baquedano, Lastarria, Bellas Artes, Plaza Italia y otros de la denominada “zona cero“.
Al respecto, precisó que, hasta antes del 18 de octubre de 2019, en la zona afectada había 10 mil puestos de trabajo, mil comercios establecidos y 30 mil vecinos. En contraposición, a la fecha, en dicho sector se han perdido siete mil puestos de trabajo, vale decir, el 70% del comercio que, en muchos casos, no se recuperará jamás, a lo que se agrega el hecho de que las propiedades perdieron el 30% de su valor.
“¿Quién paga los costos que hay que asumir por la revuelta social? El Estado ha dejado abandonada a esta parte de la población porque el denominado Acuerdo por la paz no se cumplió jamás, ya que los hechos de violencia han seguido”, precisó.
Agregó que, si bien es verdad que hubo errores y violaciones a los DDHH, incluso por parte de funcionarios de instituciones del Estado, quienes deben ser juzgados y sancionados como corresponde, debe haber reparación y justicia para todos, no importa si son de izquierda o de derecha “para rescatar el alma de nuestro país”.
Intervinieron en el debate las y los diputados Natalia Castillo (IND), Félix González (PEV), Luciano Cruz Coke (EVOP), Sebastián Torrealba y Ramón Galleguillos (RN).
Visión del Ejecutivo
A nombre del Ejecutivo hizo uso de la palabra el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien señaló que, como Gobierno, se comparte la preocupación de los parlamentarios convocantes de esta sesión, “dado que buena parte de la sensación de inseguridad de la ciudadanía se debe a los hechos de violencia en las calles”.
Precisó que los ciudadanos, de acuerdo a los datos entregados por la encuesta de seguridad ciudadana, “hoy se sienten más inseguros que nunca y sienten más miedo a ser víctimas de un delito, pese a la reducción de los hechos de alta connotación social”.
Galli sostuvo que lo que corresponde ahora es que los tribunales cumplan su tarea, tanto sancionando a los funcionarios policiales que se excedieron en sus atribuciones como aquellas personas que fueron detenidas protagonizando hechos de violencia vinculados, en muchos casos, a la delincuencia y el narcotráfico.
Resoluciones
Finalizando la sesión se aprobaron cuatro resoluciones por intermedio de las cuales se solicita al Presidente de la República lo siguiente:
- Conducir un proceso de verdad, reparación y justicia para todas las víctimas del vandalismo y la violencia desmedida producida durante las manifestaciones que sucedieron al estallido social de octubre de 2019 en Santiago centro y otros sectores del territorio nacional.
- Reivindicar el legado histórico del general Manuel Baquedano y solicitar el retorno de la estatua a la plaza que lleva su nombre.
- Disponer de las medidas necesarias para hacer frente a la violencia y asegurar la correcta acción policial, tanto en el ejercicio de sus atribuciones como en su protección, disponiendo la urgencia de discusión inmediata para los proyectos de estatuto de protección a las policías y de su modernización.
- Expresar la preocupación de la Cámara por la falta de celeridad en el proceso de investigación de los delitos cometidos por agentes del Estado en contra de Fabiola Campillai y solicitar al Presidente de la República enviar al Ministerio Público todos los antecedentes de que disponga el Gobierno para colaborar con la investigación, entregando, además, un apoyo estatal adecuado para efectos de reparación y rehabilitación, brindando atención médica y psicológica de forma gratuita, inmediata, adecuada y efectiva.
