Una detallada explicación realizó el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, en la Comisión de Trabajo, frente a la denuncia de triangulación de dineros entre AFP y administradoras de Fondos Privados y empresas relacionadas.
En la instancia, primero explicó cuál es marco regulatorio aplicable, los fundamentos que justifican su aplicación, la institucionalidad regulatoria y luego detalló todo el proceso de fiscalización que realiza constantemente la entidad y, particularmente, se refirió a lo que ocurrió con la situación de AFP Habitat e ILC.
El superintendente señaló que los fondos de pensiones deben ser invertidos por las administradoras dentro del marco de las normas establecidas en la ley, el régimen de inversión de los fondos de pensiones y en el compendio de normas del Sistema de Pensiones.
Es en estas normativas que se define lo que son las inversiones directas y las indirectas, que están prohibidas cuando cumplen requisitos para ser significativas. Esto es que, sean superiores al 0,5 % del valor total de los activos del respectivo vehículo de inversión y que la suma de las inversiones que cumplan con esta condición superen el 0,1% de todos los vehículos de inversión.
Junto a esto explicó que, por su tamaño, los fondos de pensiones requieren amplias posibilidades de inversión y para eso es necesario contar con múltiples vehículos de inversión que tengan atributos relevantes como, por ejemplo, la diversificación. Esto implicaría una mínima exposición indirecta en activos emitidos por entidades relacionadas a las administradoras.
En este escenario, y conforme a lo que la norma establece, hasta ahora todas las inversiones realizadas por las AFP en empresas relacionadas a través de vehículos de inversión no cumplen con las condiciones para ser catalogadas como inversiones directas, y las indirectas no resultarían significativas, por lo tanto, no existiría una infracción legal o regulatoria.
“Si alguien cree que esto no es lo correcto, siempre es válido de ser discutido”, argumentó el superintendente, asegurando que lo que la entidad realiza es lo que la norma vigente establece “y lo supervisa todos los días”. Además, agregó que esta denuncia no fue “ninguna sorpresa”. “No hay nada extraño en esto, al menos para nosotros”, concluyó.
Tras la exposición, los parlamentarios oficialistas valoraron la clarificación de la situación denunciada dejando en evidencia que todas las inversiones que se han hecho han sido sin incurrir en ninguna infracción. Desde su perspectiva, existiría una intencionalidad política de afectar la imagen de la Superintendencia e incluso del Presidente, Sebastián Piñera.
Por su parte, desde la oposición señalaron que lo que existiría es un problema normativo, pues actualmente se permite realizar este tipo de operaciones que ponderan individualmente casa una de las acciones, pero no consideraría la totalidad de los recursos invertidos y la potencial afectación que, a la larga, podría tener este tipo de inversiones en los fondos previsionales.
La comisión sesionará nuevamente con el objetivo de continuar con las consultas al superintendente y escuchar sus respuestas.