Educación continúa su análisis del proyecto sobre conectividad digital para estudiantes
La Comisión de Educación continúa revisando el proyecto que modifica diversos cuerpos legales, para incorporar el principio de equidad digital entre los estudiantes, asegurar su conectividad y el acceso a internet, como herramienta en el derecho a la educación (boletines 14579 y 13482).
Al respecto, el subsecretario de Telecomunicaciones, Francisco Moreno, dio a conocer ocho proyectos de despliegue que se están desarrollando a nivel nacional para lograr mejor conectividad tanto fija como móvil.
Según dijo, en 2018, el 45% de los hogares contaba con internet, lo que, actualmente, con la pandemia, aumentó a 61,5%. Señaló que el compromiso “es llegar al 80% de conectividad fija”.
Entre los proyectos mencionó el de Fibra Óptica Nacional (FON), Fibra Óptica Austral (FOA) y Fibra Óptica para Complejos Fronterizos. Además, se consideran los Proyectos Última Milla y para la Conectividad en la Educación, así como el Despliegue 5G.
Para las zonas más aisladas, mencionó el Piloto Starlink-SpaceX -que es internet satelital de baja órbita- y el Piloto TV White Space, -que utiliza el espectro radio eléctrico que no está en uso para cobertura de internet inalámbrico-.
Sobre el proyecto de conectividad para la educación explicó que llegarán a 10 mil 86 establecimientos educacionales para actualizar su internet. En marzo de 2022, en su primera etapa ya serán 8.355 los colegios que contarán con conectividad y fibra óptica, mejorando la calidad de la banda ancha. Ello, beneficiando a más de 2,8 millones de alumnos, con un subsidio adjudicado de 12 mil millones de pesos.
Respecto a las mociones, Moreno manifestó reparos a lo señalado por una de ellas, que señala que el Estado deberá propiciar una conexión a internet en hogares de estudiantes vulnerables que no puedan pagarlo. Hecho que ya se está realizando con el programa antes mencionado y otros proyectos expuestos.
Otro punto se refiere a que el Estado deberá garantizar conexión estable para estudiantes cuando los establecimientos tengan suspendidas sus clases, y deban conectarse de manera telemática. El subsecretario dijo que el sujeto activo son las empresas, lo que ya está consagrado en la normativa.
También criticó las obligaciones que se establecen a los proveedores de acceso a internet, para que lleguen a todos los establecimientos con financiamiento del Estado con la calidad que se requiera. “Esta ley llega tarde porque estamos trabajando en mejorar la conectividad”, consideró.
En tanto, el ingeniero Marcelo Valenzuela, de Proyecto Yafún de NIC Chile, dio a conocer el mapeo nacional que han realizado respecto a la carretera de internet que hay en el país. Este considera caminos públicos y lugares donde hay fibra óptica, microonda terrestre o se puede usar enlace geo satelital.
Sostuvo que, con un modelo matemático, se puede calcular la forma más barata y ventajosa de llegar con internet a diversas localidades.
Además, dijo que consultaron a 345 municipios respecto de cuáles son las zonas donde hay 50 personas sin internet o con nulo o escasa conexión. Hasta el momento, han respondido 217 municipalidades, determinando que hay 1.781 localidades sin conectividad.
Para dichos sectores, donde no llegan grandes empresas, considera que la fórmula es la contratación de pequeñas empresas de internet que revenden enlaces de microondas. Ellas pueden instalar una torre de 10 o 12 metros a bajo valor, que permiten que, por wifi, se conecte toda la familia a un precio razonable.
La instancia también abordó el proyecto que fija el alcance de la norma excepcional sobre cálculo de subvenciones educacionales (boletín 14295). Se trata de una ley interpretativa que ya fue aprobada por el Senado.
El senador José García Ruminot, uno de sus autores, explicó que el problema surgió en la pandemia. Particularmente, con el pago de la subvención de marzo de 2020 que consideró la asistencia de septiembre de 2019, debido al estallido social. Agregó que, en marzo, algunos aumentaron su matrícula, lo que no fue validado por el Mineduc.
En ese sentido, dijo que algunos municipios (Lumaco, Lautaro, Vilcún y Pucón) deben devolver cerca de 220 millones de pesos, lo que es difícil por su ruralidad. “Los recursos recibidos, al calcular la subvención en pandemia, fueron bien calculados y no tienen que hacer ningún reintegro. Los municipios recibieron la plata, no robaron, no cobraron de más, sino lo que correspondía”, acotó.
Una opinión contraria expresó el subsecretario de Educación, Jorge Poblete. Consideró que alterar normas de pago de subvención frente a casos particulares podría generar discriminación. Además, afirmó que es una atribución exclusiva del Presidente de la República.
Explicó que los colegios que comenzaron en marzo de 2020 con su calendario escolar más tarde, no tuvieron asistencia efectiva. En tal plano, el cálculo se hizo con el año anterior. Recordó que, en julio, se produjo la reliquidación y se determinó si recibían más recursos o tenían reintegro.
En este caso, sostuvo que existe un error involuntario de los sostenedores, por lo que buscan otras alternativas de apoyo. Sin embargo, argumentó que las normas de reliquidación han sido ratificadas por la Contraloría, dando certeza a lo realizado por el Mineduc.
En la próxima sesión, se recibirá a alcaldes de los municipios afectados y al encargado de Subvenciones del Ministerio.