En dicho marco, la resolución 857 cita el desequilibrio de las remuneraciones de las principales autoridades del Estado y conductas ilegítimas de los funcionarios públicos. Igualmente, menciona casos como colusiones, condonaciones y financiamiento irregular a los políticos por parte de la empresa privada.
Asimismo, se insta a revisar la legislación para terminar con prácticas abusivas. En forma adicional, se plantea establecer sanciones respecto de ellas, que se concreten en un cumplimiento efectivo de las penas establecidas.
Finalmente, se requiere al Poder Ejecutivo la dictación de un marco regulatorio que propenda a la transparencia del gasto público. De esta manera, se espera ejercer un control ciudadano y evitar que los dineros de todos los chilenos y chilenas se desvíen o malgasten. Así, dichos recursos llegarían, como se espera, a los compatriotas más vulnerables.
La idea es un planteamiento hecho por el diputado Jorge Alessandri (UDI). Tuvo como base demandas expresadas en el contexto del estallido social. Por ejemplo, en el documento se señalan materias como la precariedad de las pensiones, la necesidad de educación de calidad y el encarecimiento del costo de la vida y de la salud.