Tanto las comisiones de Trabajo como de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobaron el proyecto (boletín 14.021) que extiende la vigencia de los beneficios establecidos en las leyes que facultan el acceso a prestaciones del seguro de desempleo en circunstancias excepcionales (Ley 21.227) e incrementan el monto de las prestaciones del seguro de desempleo con motivo de la pandemia por Covid-19 (Ley 21.263).
La iniciativa, presentada por el gobierno y que ya fue analizada y votada en el Senado, fue explicada en ambas instancias por la ministra del Trabajo, María José Zaldívar. En su exposición, señaló que el 6 de marzo vencen las vigencias de las normas que permiten la suspensión de contratos, la ampliación de los giros del Fondo de Cesantía Solidario (FCS) y las leyes de protección del empleo y crianza protegida dictadas a raíz de los efectos de la crisis sanitaria.
Por esto, y considerando que el escenario económico y laboral aún es complejo debido a la segunda ola de contagios del virus que enfrenta el país, se hace necesario extender la vigencia de las leyes señaladas hasta diciembre de 2021.
Además, permite 9 giros adicionales con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS) para trabajadores suspendidos que hayan agotado sus giros anteriores y extiende hasta enero de 2022 para que la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuesto emita un informe del trabajo realizado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).
En tanto, el recientemente asumido ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, destacó la relevancia de la normativa y la urgencia con que necesita ser aprobada, para dar tranquilidad a las familias chilenas.
En materia de financiamiento, la norma aprobada detalla que el mayor gasto fiscal que represente su aplicación durante el presente año presupuestario, se financiará con cargo a los recursos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social.
El texto será debatido en Sala este viernes 29 de enero y los informes de Trabajo y Hacienda serán entregados por los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Núñez (PC), respectivamente.
En la Comisión de Trabajo, en primer término, si bien el proyecto fue aprobado por unanimidad, se generó un debate ya que parlamentarios no oficialistas señalaron la insuficiencia de estas medidas considerando la complejidad que viven las familias que vieron reducidos considerablemente sus ingresos por efectos de la crisis sanitaria.
En esta dirección, el diputado Gabriel Silber (DC) presentó una indicación con el objetivo de crear un nuevo artículo en la norma para que se entregue información del uso del FCS y también de los contratos suspendidos para tener un detalle de quienes se están acogiendo a las normas vigentes.
Frente a esto, parlamentarios oficialistas si bien valoraron la propuesta, por apuntar a tener una mayor transparencia del funcionamiento y evaluación de estas normas, criticaron que esto retrasaría el trámite legislativo, pues obligaría a que el proyecto fuera nuevamente evaluado por el Senado en un tercer trámite legislativo.
Si bien la indicación no alcanzó los votos necesarios para ser aprobada, una vez terminada la votación del proyecto, la ministra se comprometió a entregar esta información al Congreso y así cumplir con la solicitud de información planteada.
En tanto, en Hacienda el texto se aprobó por 10 votos a favor y una abstención, del diputado Giorgio Jackson (RD), quien planteó que el gobierno puede hacer más.