Esta mañana se reunió la Comisión Asesora de la Dirección Nacional del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) en Materias de Autorización, Evaluación y Fiscalización de Plaguicidas de Uso Agrícola para abordar las inquietudes y oportunidades de mejora, respecto a la Resolución 243, que regula el uso de plaguicidas en materias de almacenamiento, comercialización, manipulación y aplicación, con el objetivo de minimizar los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. Esta es una instancia interministerial público-privada, que está compuesta por representantes del Ministerio de Agricultura, del Ministerio del Medio Ambiente, del Ministerio de Salud, y de asociaciones gremiales de productoras y productores agrícolas y de la industria de agroquímicos.
Durante la reunión, comprometida previamente por la autoridad para abordar las inquietudes de distintos actores del sector, se realizó una presentación para contextualizar las acciones ejecutadas en esta materia desde 2022 y los detalles de la nueva resolución que fue publicada en enero de este año en el Diario Oficial y que entrará en vigencia en 2026.
Al respecto, la subsecretaria de Agricultura, Ignacia Fernández, quien encabezó la instancia junto al director nacional del SAG, José Guajardo Reyes, precisó que en el encuentro “escuchamos a los integrantes de la comisión y comprometimos una hoja de ruta para dialogar en torno a los distintos puntos de vista que hay sobre la resolución”. Respecto a la importancia de este dictamen, la subsecretaria Fernández, aseguró que “representa un avance significativo en la regulación del uso de plaguicidas en Chile, enfocándose en la capacitación, trazabilidad y protección ambiental para garantizar una agricultura más segura y sostenible”.
Por su parte, el director nacional del SAG, José Guajardo Reyes, señaló que “siempre el diálogo es el camino que se debe seguir para poder compatibilizar las distintas visiones que puedan existir sobre un mismo tema. Aquí hay visiones diversas, unas apuntan al desarrollo productivo, otras a la producción apícola, a la agricultura orgánica. Pero en virtud de avanzar, dentro de nuestras competencias y atribuciones legales, para modernizar la regulación de este tema que es tan importante para la agricultura, debemos buscar puntos de encuentro. En eso vamos a trabajar y estamos completamente disponibles”.
¿Qué exige esta nueva resolución?
Esta normativa establece nuevas obligaciones para la compraventa, almacenamiento, manipulación y aplicación de plaguicidas de uso agrícola en el país. Solicita a quienes realizan la aplicación de plaguicidas, contar con credencial que asegure sus competencias, se pone énfasis en los registros para acreditar la trazabilidad. Exige a las y los agricultores/as informar al SAG con 48 horas de anticipación antes de realizar aplicaciones de plaguicidas. En situaciones de emergencia justificadas, este plazo se reduce a 24 horas. Por otra parte, respetar los periodos de reingresos tras las aplicaciones de plaguicidas para proteger la salud de los trabajadores, así como capacitaciones, entre otras.
Estas nuevas exigencias buscan controlar el creciente comercio ilícito de agroquímicos que se ha producido durante los últimos años, el cual involucra el robo de plaguicidas y la comercialización irregular, así como su uso indebido en cultivos contra enfermedades y plagas. También beneficiará a las y los trabajadores/as agrícolas con mayor capacitación, promueve una agricultura sustentable fortaleciendo la eliminación de envases vacíos de plaguicidas, y mejora la trazabilidad y los registros, dotando al SAG de mejores herramientas para la fiscalización, además del control del tráfico ilegal de plaguicidas.
Finalizado el encuentro que sostuvo la Comisión Asesora, el presidente de la Asociación Gremial de Productores y Exportadores de Hortalizas de Chile y presidente del Instituto Pensamiento del Agro, Cristian Muñoz, agradeció la instancia y el trabajo que se ejecutará. “Valoramos muchísimo el proteger la vida de nuestros ciudadanos respecto del correcto uso de los plaguicidas, disminuir los límites de residuos de pesticida, ojalá reducir a cero las alertas que tienen que ver con el mal uso de productos que no corresponden a los cultivos. Sin embargo, nosotros aspiramos a que la autoridad haga uso de los recursos que tiene para ejercer las fiscalizaciones y todas estas normativas de una manera de llegar a un punto medio, entre las opiniones de quienes producimos los alimentos (…) Esperamos reunirnos en 15 días más en comisiones temáticas que sean muy técnicas y avanzar en un plan que tenga que ver con nuestra realidad y la realidad de Chile”, enfatizó.
Asimismo, Andreas Köbrich, secretario general del Consorcio Agrícola del Sur y asesor de Mercado de Cultivos de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), señaló que “la reunión fue muy positiva. La verdad es que la recepción de esta Resolución Exenta 243, emitida por el SAG nos pilló muy de sorpresa. Aborda muchos temas administrativos y burocráticos, que nos parecen muy difíciles y complejos de poder cumplir. Evidentemente, también aborda un elemento de seguridad en la aplicación de pesticidas y plaguicidas, de los cuales estamos de acuerdo (…) Los gremios que estábamos representando, tanto de la agricultura familiar campesina como a los medianos agricultores, todos señalamos que la dificultad está en cómo hacemos operativa esta regulación y creemos que vamos a encontrar otro camino trabajando en conjunto para cumplir los requerimientos necesarios que tenga el SAG”.
Andrés Acevedo, gerente general de Chile Alimentos, concluyó que “todo apunta a que están las voluntades de mejorar la resolución que hoy existe y que tanta falta le hace a la agricultura nacional. No obstante, tenemos que llegar a una buena resolución, hay muchos temas que se tocaron hoy que hay que mejorar, el tema del tiempo de avisaje, fraccionamiento, capacitación, etc., así es que lo que más celebro de esta oportunidad, es que existe la voluntad política de hacer un mejor trabajo y que Chile se dé una muy buena resolución”.
La comisión asesora sesionará en forma bimensual durante los próximos meses, con el propósito de tener, a fines del primer semestre, una resolución ajustada que permita dar cumplimiento a las necesidades de regulación del uso de plaguicidas, resguardando la actividad productiva agrícola.