Tras un amplio e intenso debate, la Sala de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó, por 102 votos a favor, 42 en contra y cuatro abstenciones, la solicitud del Presidente de la República efectuada al Congreso Nacional para extender la declaratoria de estado de catástrofe definida con ocasión de la pandemia generada por el Covid-19.
Cabe recordar que el citado estado de excepción constitucional de catástrofe, por calamidad pública, fue dictado originalmente el 18 de marzo de 2020, por un plazo de 90 días, y ha sido extendido en tres oportunidades, por similar periodo, encontrándose vigente hasta el próximo 13 de marzo de 2021.
En dicho contexto, la Constitución Política (art. 41) obliga al Primer Mandatario a recabar el acuerdo del Congreso Nacional para el caso de extender la medida de excepción por más de un año, en todo el territorio nacional, hecho que implica continuar restringiendo libertades como la libre circulación y de reunión, en atención a las medidas de alerta sanitaria dispuestas por el brote de coronavirus.
En el mensaje presidencial, el Primer Mandatario defendió que la aplicación del estado de excepción ha permitido ejecutar de forma eficiente las medidas dispuestas por la autoridad sanitaria para el manejo y control de la enfermedad, con el objeto de reducir la tasa de contactos de las personas y así contener la propagación del virus
En la sesión, en representación del Ejecutivo, refrendaron los argumentos del mensaje los ministros de Salud, Enrique Paris, y de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Ossa.
Este último alertó que, de no aprobarse esta solicitud presidencial, muchos de los beneficios sociales asociados al estado de excepción se extinguirán, dado que las medidas quedaron “amarradas” a dicha situación. Agregó que el Ejecutivo podría entregar información periódica al Parlamento, cada 45 días, respecto de los avances realizados en pro de controlar la pandemia.
El ministro Paris, en tanto, observó que era difícil realizar una evaluación de cómo sería la situación del país sin la declaratoria de estado de excepción y remarcó que, pese a que el proceso de vacunación avanza con rapidez (4,9 millones a la fecha), para alcanzar la inmunidad de rebaño es preciso tener inoculado al 80% de la población, lo cual no se alcanzaría antes del 30 de junio.
Aclaró, asimismo, que el mayor nivel de contagio alcanzado en las últimas semanas se ha producido por brotes intradomiciliarios (68%), siendo un ejemplo de ello el caso de las fiestas en Zapallar, donde hubo un aumento de casos en un 1000%. En todo caso, afirmó que las cifras, pese a ser negativas, no llegaron a los pics del año pasado, donde se presentaron siete mil casos al día, registrándose ahora una baja relevante (de cinco mil a tres mil casos diarios app.).
El DC Matías Walker agradeció que su distrito retrocediera a fase 1, por el incremento de casos, pero criticó que no se tomara en consideración la propuesta de exigir el PCR para acceder al permiso de vacaciones. También reconoció la buena gestión de la inoculación de la vacuna, pero estimó que el Gobierno debe aprobar un ingreso universal para todos.
Para el independiente Bernardo Berger, un hecho a destacar es el proceso de vacunación, con cuatro millones de inoculados a la fecha. Indicó que se hace necesario extender el estado de excepción, ya que ello permitirá mantener las medidas sanitarias a nivel nacional y en los hospitales para trasladar de manera segura a los pacientes.
El UDI Issa Kort pidió a sus pares tomar la solicitud de manera reflexiva y con responsabilidad política y llamó a aprobar el estado de excepción desde un punto de vista técnico. Además, destacó el eficiente proceso de vacunación y el trabajo de todo el personal de salud.
El independiente Marcelo Díaz planteó que se requiere un decreto más sólido y preciso, que explique en detalle los fundamentos y las medidas que dependen del estado de excepción, el que no debe ser utilizado como medida comunicacional. También llamó a detallar los beneficios asociados al estado constitucional, evaluando que puede quedar establecido en otra normativa.
En tanto, el PPD Ricardo Celis consideró que hay problemas en el control de la pandemia, porque los resultados de la trazabilidad son malos. “El número de contactos, antes de 48 horas con persona con PCR positivo, es bajo en comparación a estándares internacionales y existen fondos del presupuesto nacional aprobados para eso”, indicó.
Para la PC Carmen Hertz, no se justifica mantener el estado de excepción y no se debe seguir entregando facultades a un Gobierno que ha violado los derechos fundamentales de las personas. Además, estimó que la ciudadanía no entiende que dicha medida se aplique también para el control social y político, principalmente en La Araucanía.
El independiente Pepe Auth sostuvo que el estado de excepción se debe aprobar, no para mantener los beneficios sociales, sino para resguardar las condiciones sanitarias y que el Estado tenga herramientas eficaces para enfrentar la pandemia.
El radical José Pérez dijo que el retorno de los escolares a clases presenciales es impresentable y no corresponde, de acuerdo a las cifras de contagio. También llamó a abrir pequeños negocios que no funcionan en la actualidad, para evitar aglomeraciones en supermercados y grandes locales y a establecer controles sanitarios en el ingreso a las ciudades.
El liberal Alejandro Bernales afirmó que esta discusión sirve para reflexionar respecto a la pandemia. Señaló que el permiso especial de dos horas es muy corto, principalmente, para hacer trámites; criticó que se suba el precio de alimentos y elementos de construcción; y llamó a pensar en los aforos para restaurantes que no pueden tener terrazas por razones climáticas.
El socialista Marcelo Schilling observó que el llamado del Gobierno es a restringir libertades en un año de importantes decisiones del pueblo de Chile, sin que se presenten evaluaciones de cómo el estado de excepción ha contribuido a frenar la pandemia o colaborar con la emergencia. En todo caso, dijo que aprobaría la medida porque había sido apoyada por el Colegio Médico.
El RD Miguel Crispi refutó que las autoridades no expliquen cuál es la efectividad sanitaria del estado de excepción, exponiendo razones fundadas para solicitar su extensión. En tal plano, señaló que resultaba difícil aprobar la solicitud y remarcó que la batalla contra el Covid-19 se gana con más testeo, trazado y aislamiento.
El Evópoli Andrés Molina agradeció el trabajo realizado y pidió entender que se están dando las atribuciones para ocupar una herramienta frente a una situación muy difícil que enfrenta el país, donde no es posible relajar las medidas. Llamó al Gobierno a dar flexibilidad a la fijación de los toques de queda, adecuándolos al estado en que esté cada comuna.
Por último, entre otras múltiples exposiciones, la representante de la FRVS, Alejandra Sepúlveda, resaltó que una de las complicaciones para aprobar la solicitud presidencial es la desconfianza con el Ejecutivo, de entregarle herramientas que pueden se mal usadas, como ha sido en La Araucanía. Refutó, además, que primen criterios económicos por sobre los sanitarios.
En el debate participaron los siguientes diputados y diputadas: