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- Publicado hace 1280 dias
Gobierno Interior despachó modificaciones a norma sobre servicios de recolección de basura
Legislativo
#2214 | 23 de Junio del 2021
El texto busca mejorar las condiciones de empleo y remuneraciones de las y los trabajadores que se desempeñan en servicios externalizados de las municipalidades en la recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios.
Gobierno Interior despachó modificaciones a norma sobre servicios de recolección de basura
La Comisión de Gobierno Interior y Regionalización culminó la discusión y votación en particular del proyecto de ley, originado en mensaje, que modifica diversos cuerpos normativos con el objetivo de perfeccionar la regulación relativa a la contratación, prestación y pago del servicio de extracción de residuos sólidos domiciliarios (boletín 14.032).
La iniciativa tiene por objetivo modificar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades y la ley 19.886, para mejorar las condiciones de empleo y remuneraciones de las y los trabajadores que se desempeñan en servicios externalizados de las municipalidades en la recolección, transporte y disposición final de residuos domiciliarios.
Estuvieron presentes en la sesión la subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo, María Paz Troncoso, junto con la presidenta de los Funcionarios de los Gobiernos Regionales (Fenafgore), Náyade Aguirre.
Bases de licitaciones
En la presente jornada, las y los parlamentarios discutieron los artículos e indicaciones que modifican la Ley de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de servicios, en lo referente a las licitaciones públicas para la contratación de los servicios de recolección de residuos sólidos domiciliarios, así como los porcentajes de ponderación de los diversos criterios que deben ser considerados en los procesos de contratación.
En este sentido, la comisión respaldó el texto del Ejecutivo respecto a que las bases deberán ajustarse al reglamento que dicte el Ministerio del Interior, instrumento que en su formulación considerará tipologías de municipios. Además, dichas bases deberán serán sometidas al trámite de toma de razón efectuado por la Contraloría General de la República.
Pero, además, respaldó las indicaciones presentadas por la diputada Andrea Parra (PPD) y el diputado Raúl Saldívar (PS) que estipulan que las citadas bases deberán ponderar en un 50% el criterio económico y, al menos en un 30%, el criterio de mejores condiciones de empleo y remuneraciones de los trabajadores de las empresas recolectoras.
Asimismo, la propuesta de los diputados(as) RN Andrés Longton y Karin Luck, la cual indica que cualquier base de licitación pública, sin importar su objeto, cuya cuantía sea igual o superior a 20 mil Unidades de Fomento (UF) o cuya cuantía sea superior a 5 mil Unidades de Fomento (UF) e incluya cláusulas que permitan su renovación, su adjudicación deberá ser objeto de toma de razón por parte de la Contraloría.
Criterios de Remuneraciones
En cuanto a las remuneraciones, la instancia aprobó el texto del gobierno que establece que estas no podrán ser inferiores al promedio de lo que reciben los trabajadores -conductor, peoneta o barrendero-, según la función que han cumplido en los tres últimos meses previos al inicio del proceso licitatorio.
Además, establece que el número de trabajadores de la empresa que actualmente presta el servicio concesionado, continuará prestando servicios para el nuevo concesionario.
En materia de las condiciones de empleo, se deben considerar, entre otras, la existencia de prestaciones de bienestar, contratos de trabajo indefinidos, la existencia de contratos colectivos vigentes u otras que establezca la municipalidad.
Conjuntamente, será requisito de admisibilidad de la oferta en las licitaciones, la presentación por parte de la empresa postulante, de una dotación suficiente de trabajadores que garantice el cumplimiento de los límites legales establecidos para la jornada de trabajo, incluidas las horas extraordinarias, y de un programa de gestión de los riesgos presentes en el trabajo, el que deberá observar las disposiciones legales y demás normas que regulen estos riesgos, así como los criterios de gestión definidos en la Política Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La diputada Karin Luck será la encargada de exponer el detalle del proyecto aprobado a la Sala de la Corporación
