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En la sesión especial realizada en la Cámara, para debatir la deuda histórica, el diputado por Ñuble, Jorge Sabag solicitó al Ejecutivo el envío de un proyecto de ley destinado a reconocer especialmente esta deuda por parte del Estado de Chile con el gremio.
El congresista indicó que se requiere identificar a los profesores y personal paradocente afectados por el no pago de los reajustes salariales que dan origen a la Deuda Histórica, indicando los años en que prestaron servicios como funcionarios públicos del Estado en materia educacional, situación de vulnerabilidad en la que actualmente se encuentran y edades que posee cada uno de ellos y ellas con el fin de otorgar las ayudas estatales suficientes para su bienestar económico y social.
Además, agregó la importancia de ‘establecer un Fondo Nacional de Reparación de la Deuda Histórica con la finalidad de proporcionar a cada uno de los afectados por ésta de sus dineros adeudados por parte del Estado de Chile con los correspondientes intereses, así como brindar de apoyos especiales para quienes se encuentren en mayor situación de vulnerabilidad social’.
El diputado recordó que la Cámara se pronunció hace algunos años a través de una comisión investigadora. Ella estableció la existencia de una millonaria deuda que el Estado, a través de los distintos gobiernos, no ha cancelado.
Sabag precisó que ‘acá ha existido un desconocimiento por parte del Estado chileno del reajuste salarial, que desde 1981 deberían haber recibido los profesores por concepto del Decreto Ley 3551, de 1980. Este estableció un reajuste de hasta un 90 por ciento del sueldo base para todos los funcionarios públicos.
‘Sin embargo, luego del traspaso de las escuelas y liceos públicos a los municipios, el reajuste acordado fue desconocido por los nuevos sostenedores. De tal modo, los docentes no recibieron el beneficio dañando no solo sus ingresos mensuales, sino, además, sus futuras pensiones’, resaltó.
Cabe recordar que la deuda histórica ha sido reconocida en diversas instancias, como el Poder Ejecutivo, el Senado, la Cámara de Diputadas y Diputados, municipalidades y los tribunales de justicia. Han observado en reiteradas ocasiones la existencia de este compromiso impago con los profesores de Chile, respecto de la referida asignación especial.