Durante las solicitudes de incautación presentadas ante el Ministerio Público por los diputados republicanos, se dio a conocer mediante un oficio que la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, poseía un teléfono institucional, en el marco de la investigación en torno a la ex clínica Sierra Bella. Los parlamentarios Juan Irarrázaval y Johannes Kaiser, en el contexto de la investigación penal que se lleva a cabo por la controvertida transacción realizada por la Municipalidad de Santiago, acusaron a la alcaldesa de obstaculizar las diligencias que está llevando a cabo la Fiscalía.
Según se explicó, los hechos tuvieron lugar luego de que se solicitara la incautación de dispositivos electrónicos en la municipalidad de Santiago por parte del personal de la Policía de Investigaciones (PDI), el martes 18 de abril. Durante la diligencia, cuando se solicitó el celular de la alcaldesa, ésta se negó a entregarlo, alegando que no utilizaba el dispositivo institucional, y no permitió que se le confiscara su teléfono personal.
Un oficio solicitado por los querellantes en el caso reveló que la alcaldesa de Santiago contaba con un teléfono institucional, al igual que otros directores de departamentos, y que esta información fue omitida por los funcionarios municipales durante la diligencia de incautación. Según explicó Juan Irarrázaval, diputado del Partido Republicano, la alcaldesa habría mentido sobre la posesión del dispositivo y demostrado una actitud obstruccionista en el marco de la investigación. Como querellantes de la causa, Irarrázaval aseguró que seguirán trabajando para esclarecer las responsabilidades en la fallida compra y presentarán los antecedentes correspondientes a la Fiscalía para que la investigación no se vea afectada.