Según el estudio, 323 concesiones acuícolas operan en zonas bajo resguardo ambiental, incluyendo el Parque Nacional Isla Magdalena, la Reserva Nacional Las Guaitecas y otras áreas protegidas. Estas actividades cuestionan la compatibilidad de la industria con principios de preservación y sostenibilidad establecidos en la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) y la Ley Nº 21.600 de biodiversidad y áreas protegidas.
La Ley 18.892, base de la LGPA, estipula que “las zonas lacustres, fluviales y marítimas que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado estarán excluidas de toda actividad pesquera extractiva y de acuicultura”. Sin embargo, la normativa posterior permitió excepciones, generando una proliferación de concesiones en áreas como la Reserva Nacional Las Guaitecas, que concentra 315 centros de cultivo industriales de salmones.
Impactos ecosistémicos alarmantes
El estudio detalla cuatro impactos clave de la salmonicultura:
De acuerdo al trabajo de investigación, la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) ha sancionado centros de cultivo por episodios de sobreproducción y mal manejo de mortalidades. En 2021, Cooke Aquaculture enfrentó medidas cautelares tras incumplimientos ambientales en el Parque Nacional Laguna San Rafael. Asimismo, tribunales civiles en Puerto Aysén han procesado múltiples casos de infracciones a la normativa vigente.
Núñez enfatiza que “las técnicas productivas utilizadas en la acuicultura generan externalidades negativas que contradicen los objetivos de preservación de las áreas protegidas”. Esto plantea la necesidad de revisar la viabilidad de estas actividades en zonas resguardadas.
El informe concluye que la salmonicultura intensiva es incompatible con los principios ecosistémicos establecidos en las leyes chilenas de conservación de la naturaleza y con el objetivo de las áreas protegidas. Inclusive se detectó que 17 concesiones de cultivo de salmón se entregaron en Reserva Nacional Guaitecas de manera absolutamente ilegal. La falta de planes de manejo adecuados en áreas protegidas y la permisividad en la entrega y operación de concesiones salmoneras siguen perpetuando los daños al medio ambiente en sectores marinos que deberían estar protegidos por el Estado.
“La integridad de las áreas protegidas no puede sacrificarse en aras del desarrollo industrial,” subraya Núñez. El estudio llama a una fiscalización más rigurosa y al fortalecimiento de las leyes ambientales para salvaguardar el patrimonio natural de Chile.
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Informe sobre 30 años de salmoneras en áreas protegidas de Aysén
Un completo informe sobre la salmonicultura en Aysén, principalmente en las áreas protegidas, difundió recientemente el director de Codeff Aysén y presidente de la Agrupación Aisén Reserva de Vida, Peter Hartmann Samhaber. El texto, de 26 páginas, es el resultado de “más de 30 años monitoreando la salmonicultura en la región” señala el autor en la introducción.
El objetivo declarado es “dar a conocer, transparentar y evaluar la ubicación e impactos de las concesiones salmoneras en las áreas protegidas de la región de Aysén, considerando aspectos ambientales y normativos”. Además, “identificar y analizar la distribución, origen, concentración y control de las concesiones y su situación de caducidad e hipotecas”; e “identificar y evaluar los efectos de la salmonicultura sobre áreas protegidas”.
El documento está estructurado en siete capítulos, cada uno de los cuales, a través de tablas, cuadros y fotografías, va entregando luces sobre la magnitud de la intervención de las concesiones salmoneras en las áreas protegidas del mar austral.
De esta forma se entrega un contexto de las tres décadas de la industria en una región “con cualidades ambientales excepcionales y frágiles, más su importancia mundial para la conservación. En ella se encuentran al menos 80.000 km. lineales de borde costero, sobre 35.000 km2. de la mayor de las tres zonas estuarinas o de fiordo del planeta, y que contiene una alta biodiversidad marina desconocida y priorizada como de importancia para la conservación mundial”. Más aún, “al sur de la península de Taitao este litoral está identificado como ecorregión única a nivel mundial. Además, en el golfo de Corcovado y sus cercanías se encuentra el área más importante de ballenas azules del Hemisferio Sur” explica Hartmann.
A continuación, se enfoca en visibilizar la presencia de salmoneras en áreas protegidas, con especial mención a los parques nacionales: 14 en borde de Isla Magdalena, uno en Queulat, más de 20 Melimoyu, uno en el Monumento Natural 5 Hermanas, cuatro en Laguna San Rafael (dos en proceso de relocalización, más una en trámite). “Según Mellado, Villanueva y Gorostiaga, de 855 concesiones en Aysén y Magallanes unas 442 se encuentran en áreas protegidas con un total de 4.081 hás. de mar equivalentes al 51% de su superficie del total” explica en el documento. Y agrega: esta intervención les permite cosechar un 51 % de la producción total. El área protegida con mayor número de concesiones es la Reserva Nacional Las Guaitecas, con 315 o 316.
También da cuenta de la propiedad en estos maritorios bajo salvaguarda, donde “hay nueve empresas con capitales extranjeros que controlan 175 concesiones y 1.294,84 hás.”. Y, vinculado a esto, que cerca de un 40 % del total de estos títulos está hipotecado con bancos e instituciones financieras, posibilidad que se estableció tras la crisis del virus ISA en 2007. Este escenario colisiona con la situación de caducidad en que se encuentra un número importante de concesiones por no operación. “El bajo uso u operación de concesiones, en lo que las caducidades e hipotecas son indicadores, lleva a pensar que muchas concesiones pueden tener una finalidad de especulación financiera ¿Qué tan válida es la especulación con concesiones ubicadas, además, en áreas protegidas?” se pregunta el dirigente.
Como conclusión, “Salmoneras en Áreas Protegidas de la región de Aysén” entrega una sistematización de impactos de estos procesos acuícolas en el maritorio. Entre los principales se pueden mencionar “riesgo, enmalle, choques, heridas, contaminación, a fauna silvestre, inclusive especies en peligro como cetáceos y huillines”, junto a “destrucción y fraccionamiento de hábitat” y “contaminación, desertificación del fondo marino por residuos orgánicos y químicos”. Además, “contaminación de fondo y playas con restos de centros, basura y microplásticos”, “aporte de nutrientes a floraciones algales nocivas” y “diseminación de microalgas, virus y enfermedades mediante cargas de wellboat y traslado de material biológico”.
También menciona los “efectos de plaguicidas usados para combatir Caligus sobre larvas de vida silvestre y su muerte”, los “riesgos y efectos de otros químicos utilizados como aditivos (colorantes, etc.) y preservantes/ácido para silo de mortalidad y antifouling”, y “riesgos y contaminación con hidrocarburos (naves, generadores)”, por mencionar sólo algunos impactos.
“Este informe tiene una gran cantidad de investigación. Fueron dos años en que estuvimos trabajando en esto, junto a especialistas de base. Está muy documentado e ilustrado, con muchos detalles” señaló al respecto el dirigente. Y concluyó: “En el informe consignamos varios incumplimientos legales y la conclusión es que parece que la única ley que vale en el litoral es la ley del embudo del Estado Salmonero”.
Algunas cifras
· Hay en total 1.409 concesiones en la Patagonia (por 25 años).
· De este total, 719 en la región Aisén, en 5.901 hás y que representa el 51% del total nacional.
· Un 49% se ubica en áreas protegidas, que generan un 40% salmón cosechado
· El año 2022 operaron 152 (un 23%), de las cuales 73 se ubican en algún área protegida.
· Un 30% han presentado casos de sobreproducción.
· Un 32,8 % impactaron la columna de agua eliminando el oxígeno (anaeróbicas). Poco más de la mitad (un 51%), son reincidentes en esta práctica.
· Un total de 272 están en situación de caducidad (un 37,2%), de las cuales un 40% se ubican en áreas protegidas.
· Hay 643 hipotecadas (42,3% del total): 277 en Aysén (42,3%).
· Agrosuper es la empresa con mayor concentración de concesiones con 223, mientras que las “Siete familias” son titulares de 80.
· Un 42,6% de los títulos están en manos de empresas extranjeras (307). De ellas, MOWI tiene 104 (Noruega).