La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados rechazó el mensaje que regula los cambios de Fondos de Pensiones (boletín 13.959), iniciativa que según el Ejecutivo solo pretende “proteger las pensiones de las transferencias masivas entre fondos”.
El mensaje, que será visto ahora por la Sala, restringe dichas transferencias en circunstancias específicas, solo hacia tipos de fondos adyacentes en su denominación, sin límite de transferencias por año. Por otro lado, se indica que solo se podrán efectuar dos cambios, en un año calendario, en cuanto a fondos extremos.
Estas limitaciones no se aplicarán respecto a las cuentas de ahorro voluntario, de cotizaciones voluntarias y depósitos convenidos, ni a los afiliados al momento de pensionarse, quienes en caso de acogerse a la primera de las medidas anteriores solo podrán optar sin restricción por los Fondos C, D y E.
No obstante, el texto generó divergencias en las y los diputados. Por un lado, existen dudas en relación al proyecto despachado por el Congreso que regula a los agentes del mercado financiero. Pero, desde el Ejecutivo, se señaló que la norma es complementaria ya que este proyecto busca regular los traspasos de fondos.
Otro punto en contra de aprobar esta iniciativa se refirió a la libertad de las personas para poder moverse de fondos, tal como lo planteó el presidente de la instancia, diputado Tucapel Jiménez (PPD).
“Me llama la atención que en el programa de este Gobierno lo que se ofrecía a las y los chilenos es que hubiese más libertad en el cambio de fondos. Nosotros estamos por un sistema de seguridad social y el gobierno legítimamente por un sistema como el actual, en cuanto a tablas de mortalidad y otros temas. Y, ahora vienen y nos ofrecen este proyecto que no va en la línea con lo que quieren las y los chilenos”.
Por su parte, el diputado Francisco Eguiguren (RN) dijo sentirse sorprendido por la votación y por lo que, a su juicio, son errores de conceptos. “Aquí no se lucha contra la seguridad social. Aquí simplemente se busca regular y ayudar a la gente para que no pierda la rentabilidad de sus fondos, tal como se expuso claramente y con cifras. Me sorprende el ideologismo con lo que se vota…”, sostuvo.
Teniendo en cuenta las dudas, el Ejecutivo se abrió a presentar una indicación sustitutiva.
“La idea es que en vez de tener dos traspasos al año podríamos subirlo a cuatro sin pagar una comisión. O lo otro es modificar la legislación actual. La norma dice que cuando haya más de dos cambios la comisión podría ir a las AFP. La idea es que en vez de ir a las AFP vaya a los afiliados y de esa forma se compensen las posibles repercusiones en la rentabilidad”, señaló el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda.
El ministro Cerda recalcó que la iniciativa es de alta importancia considerando que es necesario restringir estos cambios bruscos y constantes de fondos, porque la evidencia empírica y experiencia nacional e internacional demuestran que causan daño a las personas que lo hacen, así como a las que no e incluso al mercado financiero.
“Nuestra visión como Ejecutivo es clara. Se trata de una regulación y no de restringir. El tema es que estas acciones afectan el monto de las pensiones. La evidencia es clara y la entregan numerosos organismos como el Banco Central y la OCDE, entre otras. Además, estos cambios son negativos para la rentabilidad”.
Por su parte, el titular de la cartera de Trabajo, Patricio Melero, agregó que “la idea es proteger al afiliado y al monto de las pensiones por los excesivos cambios que se han dado. Esas acciones motivadas por agentes financieros, que solo buscan rentabilidad propia, son un perjuicio y no un beneficio. Durante el 2020 se dio una cantidad no habitual de traspasos, cuyo monto llegó a las cifra de 139 mil millones de dólares”.
Los secretarios de Estado agregaron que en el año 2014 hubo un poco más de 600 mil traspasos, mientras que el año 2020 fueron más de ocho millones. Apuntaron que hay estudios que señalan que el 80% de las personas hubiesen tenido más rentabilidad si no se hubiesen cambiado de fondo. En ese sentido, señalaron que hay decenas de países que ponen limitaciones y que, incluso, así lo ha planteado la OCDE.
Por su parte, Osvaldo Macías, superintendente de Pensiones, respaldó las intervenciones de los ministros. Indicó que la iniciativa solo busca proteger a los afiliados, ya que hay estudios propios y de carácter internacional “que claramente demuestran que estas acciones son perjudiciales”.
El informe negativo será entregado a la Sala por el diputado Ramón Barros (UDI).