La Comisión de Economía escuchó al presidente de BancoEstado, Ricardo de Tezanos, debido a las aglomeraciones generadas en el proceso de cambio de plásticos de las tarjetas Cuenta Rut.
El directivo aseguró a los legisladores que se ha producido una “lamentable confusión” y que no han convocado masivamente a sus clientes a acudir a las sucursales, ni han señalado que habrá un bloqueo masivo de tarjetas de Cuenta Rut, por cambio de banda magnética a chip.
El alto ejecutivo explicó que considerando la entrega de bonos de ayuda por pandemia y el retiro del 10% de las AFP, se envío un mail personalizado de prevención de fraude, distribuido a un grupo de clientes cercano a 48 mil personas para el cambio de tarjetas. Esa información fue filtrada y difundida por redes sociales ajenas al banco y luego, tomada y replicada por medios de comunicación.
El presidente de BancoEstado indicó que han desplegado esfuerzos en redes sociales, sitio web, oficinas de BancoEstado y BancoEstado Express, para informar a los clientes que no asistan a las sucursales y que han tomado medidas adicionales para evitar la aglomeración y posibles contagios.
De Tezanos informó que hay plazo hasta fines de 2021 para el cambio de tarjetas, lo que tiene como objetivo proteger los fondos de los clientes, ya que se mejora la seguridad y se incluye tecnología con nuevas prestaciones.
En cuanto a cifras, son cerca de 13 millones de tarjetas y ya se han renovado 8 millones de ellas, con un promedio de 450 mil cambios de plásticos cada mes. Agregó que, incluso en 2020 con pandemia, se renovaron 3 millones 600 mil tarjetas a clientes que acuden por otros motivos al banco.
Por su parte, el gerente general de BancoEstado, Juan Cooper, explicó que el cambio a tarjetas con chip responde a las indicaciones del Ministerio de Hacienda en 2016, que exigió que bancos migraran todo su parque de tarjetas, tanto de crédito como de débito, al igual que a Transbank y a cajeros automáticos de Redbank y BancoEstado.
Cooper detalló que de las 13 millones de tarjetas existen un millón y medio sin uso y se han concentrado en los tres millones y medio que faltan.
En cuanto a los mayores de 75 años se aplicarán otras medidas especiales, como la inscripción vía web o call center para agendar la entrega de la tarjeta y el envío de tarjetas por carta ce
rtificada.
El presidente de la comisión, Jaime Naranjo (PS), consideró insuficientes las respuestas de los invitados y los llamó a que dicho trámite de cambio de tarjetas “se postergue indefinidamente” y que realicen una campaña de comunicación con un mensaje claro para que la gente no siga yendo a las sucursales.
Mientras, el parlamentario Raúl Soto (IND) calificó como acto criminal generar aglomeraciones y exponer a la población a contagiarse en las filas del banco. “Es una irresponsabilidad sin límites y el actual o anterior presidente de BancoEstado debe hacer un mea culpa, porque el daño ya está hecho y no sabemos cuántos se contagiaron”, enfatizó.
En tanto, el diputado Miguel Mellado (RN) instó al presidente de la entidad bancaria a enviar las tarjetas de los adultos mayores por correo y a que se otorguen facilidades para activarlas.
Además, las y los parlamentarios consultaron los costos de giro de las nuevas tarjetas de Cuenta Rut, a lo que Cooper respondió que se puede mantener el modelo tarifario anterior o incluir uno con transacciones internacionales. Igualmente, señaló que se puede preferir girar en los cajeros de BancoEstado o Caja Vecina, lo que baja el costo de cada giro de 300 a 200 pesos.
El grupo parlamentario igualmente consultó sobre la licitación por la renovación de tarjetas, su costo y qué empresa se adjudicó su confección. Información que será respondida mediante oficio por BancoEstado.
En otro tema, la comisión recibió al presidente de la Asociación de Dueños de Botillerías y Distribuidoras de Alcohol de la Provincia de Limarí, en la Región de Coquimbo, Oscar López, quién denunció que desde diciembre de 2020 a la fecha no pueden acceder a algunos productos de la CCU y Cervecerías Chile de Coca Cola Andina, ya que dichas empresas tienen contrato de exclusividad con los supermercados (Cervezas Corona, Budweiser, Sol, Royal Guard y Lemon Stone).
El comerciante explicó que son 150 botillerías y distribuidoras que están desesperadas por el stock de dichos productos que representan el 50% de sus estanterías, y agregó que deben recurrir a los mismos supermercados a comprarlos.
López indicó que existen notas, guías y facturas que demuestran la transacción en la distribución que realizan estas grandes empresas, que realizan acaparamiento en supermercados y bodegas locales de CCU y Andina, y que estudian presentar acciones legales. Ello porque se afectan a las pequeñas botillerías y a los consumidores.
La instancia acordó oficiar a la Fiscalía Nacional Económica para que informe si realizó un control preventivo en la fusión de las empresas y ver si existe libre competencia en la distribución de alcoholes en Limarí y otras regiones del país. Igualmente, oficiarán al Servicio Nacional del Consumidor, para dar cuenta de esta situación.