Por 46 votos a favor y 56 en contra, la Cámara rechazó una indicación del Ejecutivo que autorizaba los gastos en varios ministerios para enfrentar la emergencia sanitaria y económica derivada de la pandemia. El hecho se sumó a diversos ítems que también fueron rechazados en el proyecto de Ley de Presupuesto 2021 (boletín 13.820), ahora remitido al Senado para su segundo trámite, luego de cuatro días de discusión.
Los recursos, que forman parte del Fondo Covid y que consideraban gastos en salud, aportes a municipalidades, fondos para la protección de ingresos de las familias, capacitación y protección de empleo, entre otros, fueron cuestionados durante el debate por la discrecionalidad que el Ejecutivo habría planteado para su utilización.
Al respecto, se aprobó una indicación que establece que todos los recursos del Fondo de Emergencia Transitorio contemplados en la Ley de Presupuesto solo se destinarán a financiar los objetivos contenidos en el “Marco de Entendimiento para un Plan de Emergencia por la Protección de los Ingresos de las Familias y la Reactivación Económica y del Empleo”.
Además, se estableció que deben ser compatibles con la regulación legal que creó el citado fondo.
El mencionado rechazo se suma a la negativa de las y los diputados de aprobar la reposición de los gastos rebajados en la comisión mixta a las asignaciones contempladas en el Tesoro Público para las empresas y sociedades del Estado, por más de 600 mil millones de pesos, que incluye a Enami, Enap, EFE y la Sociedad Agrícola y Servicios de Isla de Pascua (Sasipa SpA).
Además, se mantuvo el rechazo del financiamiento a los gobiernos regionales que en la propuesta del gobierno ascendía a un billón 45 mil 795 millones de pesos.
Cabe recordar que, durante las jornadas de discusión presupuestaria, la Cámara también rechazó los gastos variables de las partidas de los ministerios de Agricultura, Secretaría general de la Presidencia, Cultura y Ciencias.
Se agregan los rechazos al financiamiento del programa de Atención Primaria en Salud; Liceos Bicentenario; fondos de la Educación Superior; Salud Escolar; implementación de los servicios locales de educación; la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables (GPS); gastos de la Corporación Fomento a la Producción (Corfo); gastos en publicidad, encuestas y sondeos de opinión pública de la Segegob; gastos variables de la Conadi y del Fosis.
En la tramitación final del presupuesto, a través de la votación del articulado del proyecto y de la partida de Tesoro Público, se aprobaron variadas indicaciones parlamentarias.
De la diputada Paulina Núñez (RN), que señala que cuando los órganos y servicios públicos realicen avisaje y publicaciones en medios de comunicación social, deberán efectuarlos, al menos, en un 40%, en medios de comunicación locales distribuidos territorialmente de manera equitativa. No podrán destinarse a medios que sean parte de conglomerados, holdings o cadenas de medios de comunicación y se preferirá el trato directo con los medios, sin la contratación de intermediarios o agencias.
Dos indicaciones que establecen que el Presidente de la República envié proyectos de ley, antes del 30 de noviembre de 2020, para que, de manera transitoria y por causa de la pandemia por Covid-19, tenga por cumplido el 100% de las metas sanitarias y de mejoramiento de la atención, para la obtención de asignaciones y bonificaciones de los trabajadores y trabajadoras de la salud.
Luego, se pide que se califique a todos los establecimientos de atención primaria de salud municipal, con el total de cumplimiento. Ambas medidas fueron presentadas por las diputadas Karol Cariola (PC) y Claudia Mix (Comunes), junto a los diputados Daniel Núñez (PC), Daniel Verdessi (DC), Raúl Soto (IND) y Giorgio Jackson (RD).
Asimismo, se aprobó una indicación de Luis Rocafull (PS), Daniel Verdessi y Raúl Soto, que señala que, para todos los efectos legales, los presidentes y secretarios de los Colegios Profesionales del área de la salud, en el desarrollo de las actividades vinculadas al ejercicio de su cargo, gozarán de fuero en los mismos términos que señala la Ley 19.296, que establece normas sobre asociaciones de funcionarios de la Administración del Estado.
También se ratificó la propuesta de la diputada Joanna Pérez (DC), relativa a pensiones de gracia para chinchorreros, extrabajadores de Enacar, que podrán postular al beneficio dos veces en el año, y de jubilaciones, asignaciones y montepíos para viudas.
Adicionalmente, dos indicaciones del diputado Manuel Monsalve (PS) fueron ratificadas. La primera refiere a la entrega de pensiones para extrabajadores carboníferos, que deberán ser asignadas a exmineros mayores de 65 años, que no serán incompatibles con el aporte previsional del pilar solidario o de la Ley Rettig. La segunda, busca extender el Fogape para pymes e innovación en salones de belleza y peluquerías.
Finalmente, la propuesta del diputado Daniel Núñez establece una pensión para víctimas de violaciones a los DD.HH. que sean acreditadas por el INDH, para personas que, a causa de sus lesiones, sufran un menoscabo permanente, completo o parcial, de su capacidad de trabajo desde el 18 octubre de 2019 en adelante.